Hace 18 años, un grupo de víctimas emprendió una batalla judicial contra la multinacional Chiquita Brands. Después de una larga lucha, hoy la justicia falló a su favor y esas personas serán indemnizadas.

Las víctimas denunciaron que la empresa internacional con filial en Colombia, financió a Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tras varios años de batallas en Colombia, las víctimas llevaron el caso a Estados Unidos.

El juicio inició el 24 de abril y culminó este 10 de junio.

La justificación de la compañía

Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión".

Ese dinero les sirvió a los paramilatares para armarse, expandirse y cometer crímenes.

Los abogados de Chiquita habían señalado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de dos millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.

Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.

La demanda y el fallo

Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita, pero muchos desistieron y quedaron 4, las cuales serán indemnizadas.

El jurado federal de Florida (EE.UU.) desestimó la postura de la compañía y advirtió que la multinacional los financió conociendo los crímenes que cometían los paramilitares.  

De hecho, después de una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.

En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.

La cifra se incrementó

Pero el proceso siguió y el jurado federal de Florida (EE.UU.) aumentó la cifra a  38,3 millones de dólares.

“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años para todos nosotros, que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación, estamos luchando desde 2007", indicó una de las víctimas durante el juicio.

"No estamos en este proceso porque queramos, fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", agregó.

La entidad EarthRights International, que ha trabajado junto a las víctimas, emitió un pronunciamiento sobre el fallo del juzgado.

"Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial", aseguró Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, de acuerdo a lo publicado por El Tiempo.

“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años para todos nosotros, que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación, estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos, fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", añadió.

La justicia en Colombia

El viernes 31 de agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir agravado en contra de 8 colombianos y 5 extranjeros,  en el denominado caso de Chiquita Brands.

Los acusados son Reinaldo Elías Escobar De La Hoz, Luis Germán Cuartas Carrasco, Víctor Julio Buitrago Sandoval, Álvaro Acevedo González, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero y Jorge Alberto Cadavid Marín.

Los ciudadanos extranjeros, en calidad de posibles autores responsables del delito de concierto para delinquir agravado, son Dorn Robert Wenninger (Estados Unidos), John Paul Olivo (Estados Unidos),  Charles Dennis Keiser (Estados Unidos)1 José Luis Valverde Ramírez (Costa Rica) y  Fuad Alberto Giacoman Hasbún (Honduras).

"En la misma decisión se ordenó precluir la investigación adelantada contra Gloria Andrea Cuervo Torres por el delito de concierto para delinquir agravado", precisa la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El ente acusador estableció que la conducta de concierto para delinquir agravado investigada es delito de lesa humanidad y, por ende, es imprescriptible.

El caso

Con la decisión de la Corte Constitucional en su momento, según la cual corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado por terceros, particularmente los financiadores, la Fiscalía ha dado impulso a esta línea de investigación y en el día de hoy logró avances en el denominado caso de Chiquita Brands.

Los investigadores recaudaron material probatorio sobre los dineros que habría direccionado la empresa Chiquita Brands a través de su filial Banadex y Banacol, para el presunto financiamiento del frente Arlex Hurtado al mando de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias 'Pedro Bonito', quien tenía su actividad delincuencial en las zonas de Urabá y Santa Marta.

Las pruebas aportadas demostrarían la participación de directivos y algunos empleados de estas sociedades, ya sea por la toma de decisión, intervención y/o participación en la promoción y financiación del grupo ilegal.

La Fiscal de conocimiento estableció que algunos de los dineros eran entregados directamente y consignados a las cuentas bancarias de una organización creada para apoyar las estructuras armadas ilegales de las autodefensas (AUC).

No obstante, de este proceso no se conoce resultados todavía.

Cabe destacar que, en febrero de 2017, La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, declaró como delito de lesa humanidad la conducta punible de concierto para delinquir agravado dentro del caso de financiación voluntaria de terceros al grupo paramilitar conocido como 'Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá'.